viernes, junio 11, 2004

SESION DE CABILDO BOQUEÑA DOMINADA POR DISCUSION SOBRE VENTA DE TERRENOS

El supuesto soborno de 30 mil pesos otorgado a los ediles del Ayuntamiento de Boca del Río para la autorización de la venta a bajo precio de las vialidades del Fraccionamiento SUTSEM a la compañía Costco, fue el tema principal dentro del punto de Asuntos Generales de la sesión de cabildo de este viernes; Guadalupe Maríz Pérez, Regidora Octava, le reclamó a Luis Alberto del Río Salmoreno, Regidor Tercero, por sus declaraciones ante Diario AZ donde evidenciaba tal soborno.

Tras el revuelo alzado por la publicación de la investigación realizada por este rotativo, Maríz Pérez se quejó de que Del Río Salmoreno había dado una imagen errónea de la actitud de los ediles de Boca del Río, ya que -aseguró- ella nunca negoció su aprobación. Advirtió que el caso constituía una difamación, que podría dirimir ante instancias legales donde llamaría a declarar tanto al regidor como al reportero que firmó el artículo.

En este punto intervino el alcalde Adrián Ávila Estrada, quien recomendó a la regidora octava no «darle más relevancia al tema», ya que él se había responsabilizado por la «honorabilidad» de su cabildo al afirmar que nunca existió soborno o presión alguna para lograr la aprobación de la venta de las vialidades.

En su turno al micrófono, Luis Alberto Del Río Salmoreno señaló que sí había platicado con esta publicación, pero que el sentido de sus palabras había sido mal interpretado, ya que ante pregunta expresa de: «¿hubo un bono de 30 mil pesos para que aprobaran la venta?», él respondió que había bonos de productividad desde el inicio del cuatrienio, más nunca se les otorgó un pago especial por votar a favor de rebajar el precio del metro cuadrado de los terrenos citados.

Guadalupe Maríz, nuevamente hizo uso de la voz, ahora para criticar la actitud incongruente de la diputada priista (como la regidora) Guillermina Esquivel Kuri, presidenta de la Comisión de Hacienda Municipal en el Congreso Local, «si aprobaron la venta, entonces tenían conocimiento de la situación», señaló, por lo que afirmó no entender que ahora se retractara de su decisión.

Al cierre del punto de Asuntos Generales, Adrián Ávila Estrada pidió que lo discutido fuera asentado en el acta, y recomendó a ambos ediles el tomar «las cosas con calma», y recomendó a la regidora priista no involucrarse en «denuncias improductivas» que no beneficiarían a nadie, principalmente en los tiempos electorales corrientes.

En entrevista aparte, Guadalupe Maríz se dijo conforme con la explicación y disculpas de su compañero de cabildo, ya que ella también ha tenido experiencias negativas con la prensa, «en ocasiones, cuando he dicho azul, luego resulta que ponen negro»; la encargada de las comisiones de Asentamientos Humanos, Licencias y Fraccionamientos, insistió en que los regidores priistas hayan presionado al alcalde o al resto del cabildo para que se aprobara la venta en las condiciones descritas.

Maríz Pérez recordó que ella había votado en contra de la venta al precio de 560 pesos por metros cuadrado ya que sabía que tenían un precio mayor, «pero después, en reuniones con las personas de la empresa y de gobierno del estado, me explicaron cuál era la intención para el desarrollo del municipio», por lo que decidió dar su aprobación.

Pidió mayor responsabilidad a los periodistas en sus publicaciones, y sentenció: «muchas veces en política tiene uno que ceder, pero yo no soy de las que queden conformes con un infundio porque un reportero quiera llenar su columna y tirar basura para todos lados»; consideró que por el momento era más sano «ponerle hielo a la situación», pero advirtió que tendrá en mente qué medidas tomará en cuanto pase la época electoral, «ya veré si lo llamo (al reportero) en plan personal o legal».

En tanto, Luis Alberto del Río Salmoreno, recalcó la inexistencia de un pago por la aprobación de la venta a precio rebajado, y recordó que en la entrevista que originó el artículo él sí había mencionado que el precio originalmente esperado por la venta era de 12 millones de pesos, que luego se convertiría en siete, hasta llegar a los cinco millones finales, los que fueron destinados al proyecto de semaforización del municipio.

A pesar de todo, el Regidor Tercero descartó el tomar represalias legales en contra del reportero que condujo la investigación, «la idea no es hacer esto más grande, ni darle armas a otras personas para seguir con esto, tal vez una carta aclaratoria, pero como eso ya tiene días que salió, no creo que sea pertinente»; sin embargo, admitió que buscará un acercamiento con el periodista para una aclaración personal.